Por: Sandra Carballo / colaboración

Cuando se anuncia un nuevo bono o un pago adicional para el personal de salud, la noticia se recibe con alegría, y es comprensible. En hogares donde cada quetzal cuenta, ese ingreso puede significar completar las compras, pagar estudios, transporte, medicamentos o llegar con un poco menos de preocupación al final del mes.

Por eso es importante dejar claro que el problema no son los bonos.

Muchos de ellos representan conquistas legítimas promovidas por organizaciones sindicales, trabajadores y, en algunos casos, por legisladores. Esos esfuerzos deben reconocerse porque responden a necesidades económicas reales.

Pero reconocerlos no debería impedirnos hacer una pregunta más profunda: ¿Estamos resolviendo el problema o solamente haciendo más llevaderas sus consecuencias?

Podemos pensar que quienes trabajamos en salud  conocemos el significado del derecho a la salud, pero pocas veces invertimos la mirada y nos preguntamos: ¿cómo protegemos los derechos de quienes durante décadas hacen posible ese derecho?

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), vincula el trabajo decente con ingresos adecuados, derechos laborales y protección social. Esto obliga a mirar más allá de cuánto recibe una persona este mes y preguntarnos qué condiciones estamos construyendo para toda su vida laboral y para su vejez.

Existe, además, una diferencia que no podemos ignorar: no todo el personal que trabaja para el Estado lo hace bajo las mismas condiciones.

Quien ocupa una plaza permanente puede contar, según el régimen aplicable, con estabilidad, prestaciones y mecanismos de protección previsional diferentes a los de quien presta servicios bajo modalidades de contratación temporal. Esta desigualdad también se evidencia cuando se anuncian mejoras económicas: mientras algunos trabajadores reciben bonos periódicos, otros pueden recibir un pago adicional por una sola ocasión durante el año.

Ambos beneficios son necesarios y bienvenidos. Sin embargo, una misma cantidad de dinero puede tener efectos diferentes dependiendo de quién la recibe, bajo qué modalidad y qué consecuencias laborales y previsionales produce.

Por eso no basta preguntarse el cuánto.También debemos preguntar ¿a quién?,¿bajo qué modalidad?, ¿qué derecho genera? y ¿qué impacto tendrá en su futuro?.

Porque después de veinte, treinta o cuarenta años atendiendo pacientes, cubriendo turnos, trabajando días festivos, llegando a comunidades lejanas y sosteniendo los servicios públicos de salud, llegará la jubilación y la pregunta ya no será cuánto recibirán cada mes, sino con cuánto contarán para vivir dignamente.

La legislación guatemalteca diferencia salario, bonos y otros componentes de la remuneración, mientras que la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado regula la protección previsional y el cálculo de pensiones. La propia Constitución reconoce derechos relacionados con la previsión social de los trabajadores del Estado. Por ello, hablar de remuneración no es solamente hablar del ingreso presente, es hablar también de derechos, protección social y dignidad futura.

Durante años, diversos sectores han promovido bonos y otros mecanismos para mejorar los ingresos. Muchos han representado avances concretos que sería injusto desconocer. Pero, quizá ha llegado el momento de preguntarnos si debemos trascender la lógica de beneficios sucesivos y llegar a la raíz del problema: la estructura salarial y su relación con la protección social y la jubilación.

Esto requiere propuestas construidas desde un interés genuino y colectivo, capaces de superar coyunturas políticas, períodos de gobierno, protagonismos individuales y diferencias entre modalidades de contratación. La solución no debería tener dueño político, sindical ni institucional sino  beneficiarios: los trabajadores y sus familias.

No se trata de eliminar bonos ni desconocer conquistas. Se trata de revisar la estructura salarial y  las condiciones de las personas trabajadoras (permanentes y contratistas), la carrera sanitaria y el impacto previsional de las decisiones económicas que se toman hoy. Hacerlo requiere diálogo social, legislación, planificación financiera y estudios que garanticen sostenibilidad. No es un tema que se resuelva en una columna, pero es necesario buscar las preguntas de partida:

¿puede el trabajador de salud vivir dignamente mientras trabaja y podrá seguir haciéndolo cuando se jubile?

Si la respuesta todavía no es un sí, los bonos pueden ser parte de la solución, pero no pueden ser el final de la discusión.

De la autora:

Sandra Carballo es enfermera, administradora pública y salubrista guatemalteca, con más de 25 años de experiencia en atención, gestión, docencia, investigación y salud pública. Cuenta con formación de posgrado en administración pública, gerencia de servicios de salud y enfermería. Ha desempeñado funciones de dirección y liderazgo en los ámbitos comunitario, hospitalario; a nivel local y nacional, entre ellas Dirección de Área de Salud y el Viceministerio de Hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Su trayectoria se ha caracterizado por la defensa del derecho a la salud, el fortalecimiento de los servicios públicos y la dignificación del talento humano en salud.

Nota editorial

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