Las “maras”, como se conoce a las pandillas en Centroamérica, son un rezago de los conflictos armados internos que ha vivido la región, agravado por la fragilidad de sus instituciones. Arelys, madre de 34 años, lo resume así: “Aquí siempre se vive ‘Ojo al Cristo’. Vecina de un municipio aledaño a la capital guatemalteca y madre de dos niñas, describe con esas palabras la inseguridad permanente que la presencia de  pandillas impone en su barrio.   

Columna publicada en colaboración con Revista Yemayá

En los barrios periféricos de la Ciudad de Guatemala, la supervivencia diaria golpea doble a las mujeres que sostienen solas a sus familias. Un ejemplo es doña Laurena, quien durante 35 años vendió comida típica en un puesto callejero de su colonia (término que designa un barrio en ciertos países de Centroamérica). 

Durante un par de años, como tantos otros comerciantes, pagó puntualmente la extorsión mensual que las maras le exigían por dejarla trabajar, hasta que un mes ya no pudo más. Prefirió desmantelar el puesto de la esquina donde la conocían de toda una vida, antes de que la fueran a conocer por no pagar. Se mudó, y en otro barrio tuvo que reorganizar su vida.

Guatemala, un país del norte de Centroamérica con 18 millones de habitantes, constituye un complejo mosaico humano y social: está compuesto mayoritariamente por pueblos originarios (mayas, sobre todo), por población mestiza y enmarca una de las disparidades sociales más agudas de América Latina. Es un territorio inmensamente rico en biodiversidad, pero como lo señala el informe de Oxfam, Entre el Suelo y el Cielo, el 1% de las personas más ricas (mayoritariamente blancas) posee los mismos ingresos que la mitad de la población del país. El informe agrega: “Tiene el mayor crecimiento económico de Centroamérica, pero la pobreza no se reduce por razones estructurales. Los imaginarios racistas y sexistas, junto con un Estado que ha perpetuado privilegios para una minoría, han concentrado un sistema de riqueza y poder”. 

(Guatemala) «Tiene el mayor crecimiento económico de Centroamérica, pero la pobreza no se reduce por razones estructurales»

El país vivió, como otros en el llamado «Triángulo Norte» centroamericano, (término que normalmente prefiero evitar por su origen castrense), un conflicto armado interno entre 1960 y 1996,  que estalló cuando guerrillas izquierdistas soñaban con equidad y acceso pleno a derechos, trabajo, educación y salud. La guerra, larga y sangrienta, dejó un genocidio contra la población maya ixil por parte del ejército guatemalteco. 

Por este caso, en 2013 se alcanzó un hito histórico: el general Ríos Montt fue condenado por genocidio, en el primer juicio en el mundo por este crimen realizado en el propio país donde ocurrieron los hechos. 

Sin embargo, apenas diez días después del fallo, la sentencia fue anulada: las élites lograron que la Corte de Constitucionalidad dejará sin efecto la condena de 80 años de prisión contra el exdictador, alegando vicios procesales. 

En 1996, en el contexto de un Estado débil y profundas desigualdades sociales, se firmaron los Acuerdos de Paz. Rápidamente se dio la transición hacia un modelo neoliberal que nunca integró sectores amplios de la sociedad.

En este caldo de cultivo de falta de oportunidades y exclusión, empezaron a nacer las pandillas, llamadas ‘maras’ en Centroamérica. 

Esta investigación de Insight Crime reconstruye el historial del surgimiento de las maras: “Como resultado de las guerras civiles que asolaban El Salvador, Guatemala, y Nicaragua, hubo un flujo masivo de refugiados hacia el norte. Muchos de ellos terminaron en Los Ángeles, viviendo en su mayoría en los barrios mexicanos del este y centro de Los Ángeles, y en el valle de San Fernando. Aunque las pandillas mexicanas reinaban en los bajos fondos locales, los inmigrantes endurecidos por la guerra rápidamente se organizaron en grupos rivales, el más fuerte de los cuales se llamó los Stoners de la Mara Salvatrucha o MSS (por sus iniciales en inglés)”.

La investigación agrega  que: “Según una estimación, 20,000 delincuentes regresaron a Centroamérica entre 2000 y 2004. La tendencia continuó con el tiempo: en 2018 las autoridades de migración estadounidenses expulsaron a casi 6,000 presuntos miembros.

Estamos en 2026. Diez policías fueron asesinados en un ataque coordinado atribuido al Barrio 18. 26 personas fueron detenidas y, el 18 de enero, el presidente Bernardo Arévalo decretó un Estado de Sitio. Esta es una medida excepcional prevista en la Constitución y regulada por la Ley de Orden Público. El Ejecutivo puede decretarlo si considera que existen hechos graves que ponen en riesgo la seguridad del Estado. No es un estado permanente y debe ser ratificado por el Congreso. 

Durante esta medida, el Ejecutivo puede, entre otras cosas, regular la libre locomoción o también ordenar detenciones sin orden judicial. Este estatus decretado por el presidente Arévalo terminó el 16 de febrero y fue sustituido por un Estado de Prevención nacional que autoriza al Presidente a tomar medidas excepcionales por 15 días, sin aprobación del Congreso, para proteger el orden público. Entre las acciones permitidas están, por ejemplo, militarizar centros educativos, restringir el derecho a huelga o limitar manifestaciones públicas.

El 18 de febrero, dos días después de que terminara el Estado de Sitio, el gobierno guatemalteco informó que logró la cifra de homicidios más baja en 25 años. La Policía Nacional Civil reportó una disminución del 14% en homicidios durante el período del 01 de enero al 12 de febrero, superando así la cifra récord del mismo período de 2024 y posicionando esta nueva tasa como la más baja registrada.

En números, el dato cuenta una historia fría. Pero para entender su huella en la vida cotidiana, basta escuchar a Arelys, vecina de un municipio cercano a la Ciudad de Guatemala.

Tres vidas atravesadas por el miedo cotidiano

«Aquí, una siempre vive con el ojo al Cristo». Así describe Arelys su día a día en un lugar donde la presencia de las maras se siente sin verse. Madre de dos niñas, ella camina a diario las empinadas calles de su barrio para llevar y traer a sus hijas de la escuela, porque subirse a un tuc tuc le aterra, «Los mareros andan en los tuc tuc, averiguando quién entra y sale a la colonia», dice.

Hace apenas unas semanas, en enero, mataron a dos muchachos en el bus. Desde entonces, Arelys evita los asientos delanteros: «No sé si fue por pandilla o por extorsión, pero como me enteré que los balazos también mataron a un pasajero que iba adelante, ahora los evito». 

Como madre, el miedo se multiplica a la salida de la escuela. «Hay muchas motos esperando, son muchachos con planta de mareros”. La policía, dice, no aparece. «Si uno la llama, no viene. Solo andan dos policías que solo se mantienen en la calle principal». Y cuando sí aparecen, a veces es para extorsionar: durante el toque de queda de la pandemia, a un primo menor de edad se lo llevaron y pidieron dinero para liberarlo. 

«No sé si fue por pandilla o por extorsión, pero como me enteré que los balazos también mataron a un pasajero que iba adelante, ahora los evito». 

Cuando llegó el Estado de Sitio, Arelys se sintió contenta. «Había cuques (soldado en lenguaje coloquial guatemalteco) con tanquecitos, qué calidad. Yo sí lo sentí más seguro. Había soldados y más policías. Todo el mundo se sintió más seguro».
Cuando le pregunto si la gente de su barrio está organizada con el fin de regular la presencia de maras en su sector, me cuenta que antes salían grupos que velaban por las calles. “Pero desde que mataron a dos muchachos en el año 2012, la gente ya no quiere meterse en problemas por nada». 

“Si en mi casa solo mujeres habemos, no podemos arriesgarnos”

Hace un año mataron al primo de Arelys. Apenas tenía 18 años.. Arelys y su familia intentaron seguir el proceso de denuncia, pero sintieron que cuando caminaban por la calle hacia el Ministerio Público, los seguían. Luego, por la ineficacia de esa institución decidieron ya no darle seguimiento al caso. 

La joven madre también agrega: “Si se oyen balazos, nadie sale, porque no vaya a ser que nos vayan a hacer daño”. Me confiesa que si ahora supieran quién mató a su primo, ya no harían nada.

Por eso, cuando su hija tuvo un problema en la escuela con un niño cuyo padre «parecía marero», prefirieron no reclamar. «Yo sé que no hay que juzgar por la vestimenta, pero mejor no le digo nada». 

Cuando Arelys evocó aquellos grupos de vigilancia de su barrio no me pareció que sugiriera que son una solución. Sin embargo, son parches que brotan en muchos lugares del país, ahí donde día tras día, la ciudadanía constata la ausencia del Estado. En ciertos sectores, incluso están armados. 

Arelys sintió cierta tranquilidad mientras vio a las tropas en la calle, pero el Estado de Sitio terminó. En el país las desigualdades estructurales permanecen y las pandillas son una realidad cotidiana. Frente a esto, me pregunto si este tipo de medidas restrictivas pueden significar realmente más seguridad para las mujeres y, sobre todo, para aquellas que viven en la periferia. O si solo es el espejismo de un Estado que aparece para controlar pero desaparece para proteger.