En Guatemala, el Día de Todos los Santos no solo convoca al recuerdo sino también a las ausencias. Es un día también doloroso para quienes no tienen dónde llevar flores. 

Para miles de familias, el duelo no termina porque el Estado sigue sin revelar qué pasó con sus desaparecidos. No hay tumba a la que llegar. No saben qué pasó con sus familiares, porque el Estado no revela lo que sabe sobre ellos.

Durante el conflicto armado interno en Guatemala, la desaparición forzada alcanzó dimensiones masivas y sistemáticas. Se calcula que alrededor de 40,000 personas fueron víctimas de desaparición forzada. Esta cifra, según cita el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), refleja no sólo la magnitud del crimen, sino también la profundidad del vacío que dejó en miles de familias que, hasta hoy, continúan buscando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

Según en el informe Los familiares de las personas desaparecidas: un compromiso de todos, del CICR: “Las familias siguen viviendo hoy la tragedia de la desaparición de su familiar y no han tenido oportunidad de elaborar el duelo” 

Durante décadas, los familiares de las personas desaparecidas han sostenido una lucha silenciosa contra el tiempo. En muchos hogares, la vida se partió sin aviso: “no saben por qué se enferman, no saben por qué están tristes, no saben por qué lloran, no saben por qué se enojan”, describe el CICR. La incertidumbre permanece y la herida se transmite como una sombra que acompaña a quienes siguen esperando.

El Manual de Búsqueda de Personas Desaparecidas por causas del Conflicto Armado y experiencias después del reencuentro publicado por el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CiiDH) recuerda que la desaparición forzada “sometió a la población víctima y a su entorno familiar y social a una serie de daños irreparables, de los cuales muchos persisten hasta el día de hoy”. No se trata solo de la pérdida individual: el silencio y la omisión estatal han extendido el duelo al país entero.

El derecho internacional indica que “todas las personas tienen derecho a saber lo que ocurrió con un familiar desaparecido” (CICR). Ese derecho a la verdad, a la reparación, a enterrar a los suyos, no se extingue con el paso de los años. Sin embargo, la falta de acciones decisivas para la búsqueda y para la revelación de los archivos de las fuerzas de seguridad mantienen vigente la incertidumbre.

Para las comunidades mayas, ese vacío tiene además una dimensión espiritual. El CICR recoge que “una parte fundamental de la tranquilidad y provecho en la vida depende de no tener deudas con los antepasados”. En este sentido, no saber dónde están los desaparecidos impide cumplir con los rituales que restablecen el equilibrio y la paz con los muertos.

El CICR advierte que “la principal necesidad de las familias sigue siendo saber qué les sucedió a sus seres queridos, si están vivos o si están muertos” (2010, p. 9). Esa verdad, que debería ser un derecho garantizado, se ha convertido en una deuda prolongada por el silencio institucional.

Cada primero de noviembre, mientras el país eleva barriletes para guiar a las almas, miles de familias miran al cielo con la misma pregunta que desde hace años no obtiene respuesta: ¿dónde están?
Revelar los datos que los cuerpos de seguridad aún guardan no solo sería un acto simbólico, sino cumplir con el derecho de las familias a saber el paradero de sus familiares.

Es permitirles salir de la incertidumbre y concluir su duelo.