Hace tres semanas llamó nuestra atención una publicación que describía lo que ocurre en Gaza como una “guerra” que “se remonta a principios del siglo XX”. No es un error menor. Ese tipo de afirmaciones, repetidas una y otra vez, construyen una narrativa que diluye las responsabilidades y legitima la violencia. No se trata de una guerra entre dos Estados ni de un conflicto religioso: es la ofensiva prolongada de un Estado que ocupa, bombardea y asedia a un pueblo entero. Llamarlo “guerra” es falsear la historia y suavizar el exterminio.

Israel fue fundado en 1948 sobre territorio palestino, en un contexto de dominación colonial europea. Su creación implicó la expulsión de más de 700 mil palestinos, el asesinato de unas 15.000 personas y la destrucción de 531 localidades en lo que se conoce como la Nakba (la catástrofe). Desde entonces, el Estado israelí ha sostenido un proyecto de expansión y ocupación permanente, basado en el despojo y la violencia sistemática contra la población palestina.

Guatemala ha mantenido una postura diplomática abiertamente favorable a Israel. En octubre de 2023, cuando la Asamblea General de la ONU votó por un alto al fuego humanitario en Gaza, el gobierno de Alejandro Giammattei fue uno de los pocos en votar en contra, alegando que la resolución no garantizaba la seguridad de Israel. Su canciller, Mario Búcaro, reafirmó entonces que Israel tenía “derecho soberano a defenderse”.

Con Bernardo Arévalo, el discurso cambió de tono pero no de fondo. En mayo de 2024, Guatemala votó a favor de reconocer a Palestina como Estado pleno ante la ONU, aunque aclaró que esa decisión “no alteraba” su relación con Israel. El 22 de septiembre de 2025, ya con el informe de Naciones Unidas que calificó de manera categórica como genocidio la ofensiva israelí en Gaza, Bernardo Arévalo fue consultado sobre la postura de su gobierno. Evitó pronunciarse directamente sobre las conclusiones del documento y dijo que “estamos en este momento haciendo los estudios”. Antes había evitado dar una postura y dijo que, a su juicio, “el problema en Israel y Palestina se va a resolver en la línea de los principios que se apoyaron para la creación del Estado de Israel”. Aunque mencionó la necesidad de “un Estado para cada pueblo”, volvió a referirse a la situación como un “conflicto” y un “enfrentamiento”, eludiendo así reconocer la palabra que el informe de la ONU ya había utilizado sin ambigüedades: genocidio.

Esa cautela no ocurre al margen de una tendencia. Según la publicación de Plaza Pública, basado en 27 resoluciones de la Asamblea General, Guatemala suele abstenerse cuando los textos acusan directamente a Israel de ocupación ilegal o violaciones al derecho internacional. La neutralidad en estos casos no es prudencia: es alinearse.

Por eso insistimos: las palabras importan. Llamar “guerra” a un genocidio o “conflicto” a una ocupación no es una cuestión de estilo, sino de poder. En cada silencio diplomático, así como en cada titular que evita nombrar la masacre, se revela de qué lado se elige mirar la historia.