_{Por: Liliana Villatoro}

Llego al hospital de noche. Mi amigo está internado por un procedimiento menor, pero no quiere estar solo. Me dice que pase. El guardia me ayuda con el parqueo y en la recepción solo asumen que soy su esposa. Yo no lo niego y me dejan entrar. Me dejan quedarme. Me ofrecen espacio en un sofá y agua. Nadie me pide un papel.

Somos un hombre y una mujer. Eso basta.

No soy su esposa. Pero la suposición funciona a nuestro favor. Si en vez de eso hubiéramos sido dos mujeres, o dos hombres, o una pareja no binaria, o ninguna de las anteriores, el gesto simple de acompañar podría haberse vuelto una negociación, una discusión, o un no.

Porque antes de los derechos viene el estigma.
Y antes del documento, el prejuicio.

Ahí se empieza a decidir quién entra y quién no. Quién puede cuidar y quién tiene que esperar afuera. Eso es lo que pasa cuando tu vínculo no encaja en el molde, cuando tu relación no cuenta para el Estado.

Cuando tu amor no existe en el papel, no existe para la ley.
Y eso puede dar un poco igual… hasta que hay una emergencia.

Y no podés entrar.
No podés decidir.
No podés preguntar.

Para eso también sirve el matrimonio. Cuando el Estado te ve, cuando hay papeles, podés acompañar en el hospital sin justificarte. Podés heredar, adoptar juntxs, compartir seguridad social. Tener acceso, voz y legitimidad para trámites y gestiones alrededor de los cuales se organiza buena parte de la vida.

El matrimonio no garantiza amor, pero garantiza que ese amor no quede afuera cuando más importa. Los papeles dan herramientas legales para cuidar, acompañar y proteger.

En algunos países de América, esto ya sucede.

Argentina lo convirtió en ley hace quince años. México, después de pelear estado por estado, lo logró en 2022. Chile también dijo que sí.
Colombia, Brasil, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Cuba.
La lista crece. No a la velocidad que se espera, pero crece.

En cada uno, el reconocimiento llegó de formas distintas: votado en congresos, empujado desde las cortes, exigido en las calles, pero con algo en común: la comprensión de que los derechos no son premios por portarse bien, ni concesiones morales. Son garantías.

El amor también es un asunto del Estado cuando se trata de reconocer derechos

No reconocer los derechos civiles que conlleva el matrimonio igualitario es una forma de exclusión institucional.

En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una Opinión Consultiva (OC-24/17) a solicitud de Costa Rica, donde afirmó que los Estados parte del sistema interamericano están obligados a reconocer los vínculos familiares entre personas del mismo sexo, y que cualquier trato distinto, sin justificación objetiva y razonable, es discriminación.

«La orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana», dijo la Corte.

Sin embargo, en países como Guatemala —y en buena parte de Centroamérica— ese derecho sigue sin tener eco.

Aquí, el matrimonio igualitario no está prohibido, pero tampoco se admite. La ley habla de “un hombre y una mujer”. Y en ese pequeño detalle se estanca todo un universo de derechos civiles.

En lugar de propuestas para reconocerlo, hubo intentos para enterrarlo.
La iniciativa 5272, conocida como “ley para la protección de la vida y la familia”, no solo buscaba bloquear cualquier avance en derechos LGBTIQ+, sino prohibir explícitamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Fue retirada en 2022, pero el mensaje sigue rondando.

Por eso, lo que ocurrió en junio de 2025 fue tan significativo.

La Embajada de México en Ciudad de Guatemala, a través de su sección consular, celebró su primera boda entre dos mujeres mexicanas. Lo hizo en su sede, bajo su jurisdicción.
Y lo anunció con alegría: “celebramos el amor sin fronteras”.

La reacción más sonora vino de un solo diputado, Allan Rodríguez, que publicó un comunicado en su cuenta de X (antes Twitter), afirmando que el matrimonio vulneraba la soberanía guatemalteca.

Lo que pasó en la embajada mexicana bastó para demostrar que incluso cuando el Estado receptor no ve a las parejas diversas, otros Estados sí lo hacen. Y las reconocen.

El matrimonio igualitario no es el final de la lucha.
Pero sí es un piso. Un límite claro frente al estigma.
Una manera de decir: existimos. Y merecemos vivir con los mismos derechos que lxs demás.