Por Liliana Villatoro

Por primera vez en su historia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se pronunció sobre los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Y lo hizo con contundencia: condenó al Estado ecuatoriano por no proteger a los pueblos Tagaeri y Taromenane, habitantes de la Amazonía occidental.

Estos pueblos han decidido, como forma de vida, mantenerse sin contacto con la sociedad mayoritaria. Pero esa decisión ha sido constantemente ignorada o violentada en nombre del “progreso” y la extracción de recursos.

La sentencia, publicada el 13 de marzo de 2025, reconoce que Ecuador falló en su deber de protegerlos. No solo permitió que proyectos petroleros rodearan (o cruzaran) sus territorios, sino que no actuó a tiempo ante ataques violentos, uno de ellos con consecuencias devastadoras: dos niñas fueron sacadas de su comunidad, separadas y obligadas a vivir en contextos ajenos a su cultura.

El fallo de la Corte IDH reconoce que Ecuador violó derechos fundamentales: a la vida, a la salud, al ambiente sano, a la identidad cultural, a la propiedad colectiva, entre muchos otros. Y dejó algo muy claro: el aislamiento voluntario no es un problema a corregir, sino una decisión que debe ser respetada.

Además del reconocimiento de responsabilidades, la Corte exigió acciones concretas: reparar a las víctimas por los daños sufridos, reforzar la protección real del territorio, y establecer mecanismos eficaces para evitar nuevos contactos forzados. También ordenó al Estado garantizar que lo ocurrido no se repita, ni con estos pueblos ni con ningún otro en condiciones similares.

La sentencia no aplica solo para Ecuador

Aunque el caso es sobre los Tagaeri y Taromenane, el precedente afecta a toda la región. En países como Brasil, Perú y Bolivia también viven pueblos indígenas en aislamiento, y todos enfrentan amenazas similares: explotación, invasión, desplazamiento forzado.

Estos pueblos que quieren mantener su autonomía deben ser respetados y esa es la importancia de la sentencia. La región está llena de territorios codiciados y de comunidades que viven al margen, no por atraso, sino por decisión. En Ecuador, a pesar de que se habían declarado zonas de protección desde hace años, en los hechos la defensa de estos territorios quedó en papel. Las industrias extractivas siguieron operando, y los sistemas estatales no fueron capaces de frenar ni prevenir las agresiones. Aunque la sentencia llegó tarde para estos pueblos, sienta un precedente en la región.