OPINIÓN

El anuncio reciente de la ministra de Ambiente de iniciar el diálogo y las consultas para hacer realidad la Ley de Aguas fue una muy grata sorpresa. Un tanto inesperada, si se considera que este proyecto no fue parte del plan de gobierno de Semilla, ni había sido mencionado en discurso alguno desde la toma de posesión.

Por: Abraham Barrios

Es de felicitar a la ministra por responder a lo que las circunstancias demandaban y decidir pasar a la historia como la persona que quiso dar el primer paso para ponerle fin a casi 40 años de incumplimiento de deberes, ineptitud, corrupción y negligencia criminal. Por ahora, el mérito es personal porque no es difícil concluir que la falta de voluntad política, que cínicamente evadió un mandato constitucional tan importante por tanto tiempo, no es producto de la casualidad sino resultado normal de la corrupción estructural. 

Debemos celebrar la posibilidad de la Ley de Aguas, pero con nuestra historia, es pronto para cantar victoria. Desde el punto de vista político, esto apenas empieza. Los poderes fácticos no se van a quedar cruzados de brazos mientras ven cómo los bienes del dominio público que consideraban propios, pasan a ser administrados por el Estado. Tampoco podemos esperar milagros de instituciones que no solo han sido inoperantes por décadas, sino que carecen de  visión institucional y  recursos físicos y humanos para un proyecto tan grande. 

Aun cuando la ministra haya hecho alarde de una voluntad política inédita, falta por ver que el resto del Ejecutivo respalde su llamado a la preeminencia del bien común, algo que según la narrativa dominante, no existe o no debería existir. El Congreso será otra historia, porque para nuestra fortuna, la ley de aguas es demasiado grande, compleja e importante para el pueblo como para que los poderes fácticos puedan corromper a los diputados fácilmente, particularmente cuando se considera el papel que deben tener los alcaldes y las comunidades en la elaboración del texto. 

Tanto la voluntad política del Ejecutivo como el instinto de supervivencia del Legislativo serán puestos a prueba por los dos candados constitucionales que la Ley de Aguas traerá bajo el brazo: 

• El Artículo 121, que considera el agua y las cuencas como bienes del Estado y de dominio público; y,
• El Artículo 127, que dice literalmente: “todas las aguas son bienes de dominio público inalienables e imprescriptibles”.

El mandato constitucional es robusto, clarísimo, no negociable y debe invocarse cada vez que los poderes fácticos y grupos de interés quieran circunvalar o modificar estos artículos para convertir el agua en mercancía o crear las condiciones para la transferencia de bienes de dominio público a manos privadas. Debe evitarse también que los poderes fácticos manden a sus operadores a manufacturar imposibles para darse otros 40 años de atraso. Si alguien considera estas precauciones exageradas, bastaría recordar la lección del monumento a la corrupción conocido como Ley de Minería, que a pesar de ser una aberración conceptual y abiertamente inconstitucional, continúa vigente. 

La euforia de un proyecto tan grande e importante como la Ley de Aguas, generará expectativas y capturará la atención de grupos y personas de todos los rincones y sectores del país. Pero también generará un río revuelto en el que los pescadores de los poderes fácticos no dudarán en lanzar sus redes. La pregunta obligada es entonces: ¿qué hacer antes de esto?

1. Transparencia absoluta. No debe haber una sola razón para que todas las discusiones sobre la Ley de Aguas no sean públicas y meticulosamente documentadas. La transparencia es la kriptonita de la corrupción y los corruptos lo saben. Si la voluntad política es real, no deberá permitir una sola reunión a puerta cerrada, no hay absolutamente nada que esconder.
2. Apelación constante al mandato constitucional. La voluntad política velará porque se socialice el proyecto como el cumplimiento de un mandato constitucional no negociable que no solamente concientizará a las comunidades de sus derechos, sino reducirá el riesgo de confusión causada por narrativas sostenidas por grupos de interés.
3. Empoderar a las comunidades. Si de verdad se tiene la intención de aprender de los errores del pasado, el proyecto de Ley de Aguas debe enfocarse más en consultas comunitarias y menos en gabinetes llenos de gente de la capital. La mentalidad que prioriza las consultas públicas como una de las manifestaciones más claras de una sociedad democrática aún no ha llegado a Guatemala, pero ahora es cuando. La voluntad política se manifestará en la calidad y cantidad de las consultas públicas como contraste a las reuniones tradicionales con grupos de interés.
4. Vacunarse contra los conflictos de intereses. Los expertos sobre el tema son muy pocos y, de estos, algunos tienen relación con sectores interesados en una Ley de Aguas a su medida.De entrada, existiría un conflicto de intereses, y, por tanto, sería prudente evitar cederles protagonismo, que no necesariamente significa dejarlos fuera. La voluntad política para evitar estos conflictos se manifestará en la evaluación del personal técnico respecto a su trayectoria profesional, historia de negocios, compromiso con la transparencia, y su posición respecto a los artículos 121 y 127 de la Constitución.
5. Solicitar ayuda externa. Guatemala tiene muy poco personal técnico con la experiencia necesaria para un proyecto tan grande y no debería dar vergüenza admitirlo. Tampoco es prudente esperar hasta que esta capacidad esté instalada Para solucionarlo, podría encontrarse apoyo en universidades extranjeras o entidades de la ONU  que tengan como mandato apoyar proyectos como la Ley de Aguas y que ya operan bajo los principios de transparencia y primacía de las consultas públicas en una sociedad democrática.

El camino que le queda por recorrer a la Ley de Aguas será más o menos tortuoso en la medida en que la voluntad política se aferre o no al objetivo central del bien común por encima de todo. La ministra se metió a camisa de once varas, pero si es fiel a sus palabras no estará sola, tendrá de su lado a las comunidades, los profesionales éticos y a la historia.

Este texto de opinión refleja la opinión de su autor (a) y no necesariamente de este medio.